1. La jerarquía de las distintas leyes en España y en qué
radica las diferencias entre ellas.
·
Todas ellas con la condición
de que “carecen de validez las disposiciones que contradigan otras de rango
superior”.
1. La Constitución es la Norma suprema del ordenamiento jurídico
español y por la que se regula toda la compleja interrelación entre las
diferentes normas.
2. Los Tratados Internacionales, en los que se incluye el Derecho
de la Unión Europea y otros reglamentos internacionales.
3. Las leyes promulgadas por las Cortes (Parlamento y Senado), que
son la fuente básica del Derecho de Estado y que se dividen en dos:
a. Leyes Orgánicas: Es un determinado tipo de ley que requiere la
aprobación, por mayoría absoluta, del Congreso de los Diputados. Entre ellas
podemos destacar las leyes de educación (LOGSE, LOE, LOMCE…).
b. Leyes ordinarias: No necesitan mayoría absoluta para su
aprobación en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, la Ley de Propiedad
Intelectual.
4. Las normas reglamentarias con rango de ley como el Real Decreto
Ley y el Real Decreto Legislativo. Los Reales Decreto Ley se diferencias de las
leyes en que están promulgadas por el Gobierno y no por el Parlamento. La
diferencia entre ellas y las siguientes es que el Real Decreto Ley se dicta por
el Gobierno en caso de extrema y urgente necesidad.
5. Los reglamentos como los Reales Decretos, las Órdenes de las
Comisiones Delegadas de Gobierno, las Órdenes Ministeriales, etc.
6. Las leyes y los reglamentos de las Comunidades Autónomas, que
aunque estén en esta posición, la relación entre las normas autonómicas y las
estatales depende de las competencias de cada una en los diferentes temas.
2. La estructura de las leyes en España.
La estructura de las leyes en
España es una convención, y dependen normalmente de la extensión de la ley (se
divide para hacerse más comprensible). La estructura común es esta:
- Los
libros (exclusivamente utilizados para
leyes muy extensas, como Códigos Civiles, tienen cierto carácter excepcional.
Se numeran en números ordinales y se titulan igual que las leyes comunes, pero
antes de la coma del nombre llevarán un espacio entre comas para indicar a qué
libro pertenecen).
- El
título (se elabora empezando por la
palabra “Ley”, a continuación el número ordinal que le corresponda de manera
consecutiva, una barra separadora y a continuación el año correspondiente. A
continuación una coma y la fecha de promulgación de la ley; al final, otra
coma, el título de la ley, que debe, además, representar brevemente el
contenido de la ley).
- Los
capítulos (son una subdivisión de la ley.
Cada uno tiene un contenido unitario. Se enumeran con números romanos y cada
capítulo va titulado).
- Las
secciones (la siguiente subdivisión de las
leyes. Se enumeran de modo ordinal y también deben ir tituladas).
- Los
artículos (son las unidades básicas de la
ley. Cada uno contiene el tratamiento homogéneo de un único concepto o aspecto
normativo. Están numerados consecutivamente y no deben ser excesivamente
largos, lo más breves posible. Deben ir titulados y el título debe ser breve y enunciar
el contenido de manera suficiente, para facilitar la búsqueda. El título del
artículo se sitúa a continuación del número del artículo. El número y el título
del artículo se sitúan por encima del texto del artículo.
- Los
apartados (subdivisión de los artículos. Van
numerados con números cardinales consecutivamente).
- Las
letras (subdivisiones de los apartados o
directamente de los artículos. Se utiliza para detallar elementos diversos,
estableces un procedimiento, etc.).
- La parte final de la ley: compuesta por disposiciones adicionales (que contienen regímenes jurídicos
especiales, de cualquier carácter. Deben contenerse en ellas también los
mandatos no referidos a la producción de normas), disposiciones transitorias (tienen
como objetivo facilitar el tránsito entre la norma antigua y la norma nueva.
Establecen, por tanto, el régimen jurídico aplicable a situaciones jurídicas
generadas al amparo de la legislación que deroga la nueva ley y que subsisten a
la entrada en vigor de la nueva ley. Pueden, por tanto, estableces la
pervivencia de la ley derogada o la aplicación retroactiva de la nueva ley),
las disposiciones
derogatorias (aquellas que derogan alguna norma jurídica vigente), las disposiciones
finales (normas que establecen el mandato de aprobación de otras normas
jurídicas, los reglamentos, para desarrollar la ley).
- Anexos (contienen estadísticas, fórmulas matemáticas, gráficos, etc.
Los anexos deben ir titulados y si hay más de uno, numerados. Es, además,
importante que en el artículo del que tratan se haga remisión al anexo).
3. El proceso de elaboración de las leyes (proceso
legislativo).
La ley nace mediante una
proposición de ley presentada por el órgano del Estado que es competente para
ello, es decir, que tiene facultades de iniciativa.
Estos órganos con iniciativa
reconocida por la Constitución para la proposición de las leyes que hayan de
elaborarse, son el Gobierno, el Congreso de los diputados y el Senado. Lay ley
reconoce también la validez de la iniciativa popular, exigiendo para ello la
aportación de al menos 500.000 firmas acreditadas. Esta iniciativa popular, recogida
por la Constitución, podrá darse en cualquiera de las materias legales, salvo
en materias que sean exclusivas de las leyes orgánicas.
El gobierno ejerce su iniciativa
legislativa mediante proyectos de ley, que, previa aprobación del Consejo de
Ministros, se remiten a las Cortes para que estas las promulguen.
Entregado por el Gobierno el
proyecto de ley, el presidente de las Cortes ordenará su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes, teniendo los diputados y los grupos
parlamentarios un plazo de quince días para presentar enmiendas a dicho
proyecto de ley. Estas enmiendas, que podrán ser a la totalidad del proyecto o
bien al articulado del mismo, habrán de ser debatidas por la comisión
correspondiente, que entregará al Congreso un dictamen sobre las mismas.
Así pues, una vez debatido el
proyecto de ley en comisión, pasa al Pleno del Congreso para su discusión y su
aprobación.
El texto aprobado por el Pleno del
Congreso de los Diputados pasa al Senado, el cual, en el plazo de dos meses,
podrá o bien aprobarlo tal como llega del Congreso, a vetarlo, o introducir las
enmiendas que considere pertinentes. Este proyecto de ley no será sancionado
hasta que el Congreso ratifique el texto, o se pronuncie sobre las enmiendas
introducidas por el Senado.
El rey, en el plazo de quince días,
habrá de sancionar las leyes que le hayan sido remitidas por las Cortes,
mandando su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
4. Políticas públicas y política educativa. Cómo analizar
la política educativa.
La política educativa, como todo
los que incluye la palabra política a día de hoy solo tiene dos formas de ser
valorada y de ser vista. El blanco y el negro que se enfundan en el papel de
los dos históricos bandos políticos enfrentados por sus ideales. Más allá de
esto es difícil pensar en términos intermedios acerca de lo que respecta al
ámbito educativo, y es que ¿de verdad existe tal término medio?, o, ¿tienen razón
los que ven cómo una cosa es opuesta a la otra y no hay término medio que se
identifique con ambas?
Se puede observar esto a lo que me
refiero solo con volver la cabeza para atrás y mirar la historia de nuestro
pasado educativo. Su formación y los porqués de ésta; su continuo desarrollo,
ligado a políticas en favor de la privatización y reproducción de un modelo
social imperante, que utilizan la escuela como un medio para lograr esto, su
fin. Que han demostrado fracasar a lo largo de los años, pues el pueblo siempre
ha sabido cuándo se le ha ignorado, cuando se le ha dado la espalda y cuando se
le ha insultado.
Pero por igual, las políticas más
de “izquierdas”, mejor llamémoslas más igualitarias se han visto abocadas al
fracaso, pues económicamente son poco rentables y es prácticamente imposible
cumplirlas en su totalidad, y en caso de cumplirlas limitan y reducen las
libertades de los ciudadanos en su capacidad de decisión (aunque esto es
cuestionable, ya que la educación es lo que al fin y al cabo nos hace libres,
el conocimiento nos libera de la alienación, de la opresión a la que fácilmente
se nos puede guiar debido a nuestra incultura).
Y luego, ha habido, claro está
intentos como los del PSOE de realizar muchas veces una política centrada a recoger
las preocupaciones de todos; decididos a respetar algunas de las decisiones de
la derecha, y a la par preocupados por lo que el pueblo ha necesitado y ha
exigido para el sistema educativo; han creado leyes educativas (que, todo hay
que decirlo, han sido las más acertadas hasta la época) que en su búsqueda de
mantener a todos contentos, de encontrar un equilibrio lo único conseguido es
el desagrado de todos. Por ejemplo, en materia de religión se vieron en una
encrucijada (el debate de si la religión debe impartirse en la escuela pública
o no; y su posterior debate de si hacerla obligatoria u optativa) que deja
insatisfechos a unos y otros.
¿Se ha alcanzado a día de hoy la
libertad de oportunidades? ¿En qué punto estamos? ¿Cómo está nuestro sistema
educativo a día de hoy? ¿Hacia qué sociedad nos va a llevar?
Bueno, pues una vez más estas
preguntas se pueden responder desde dos perspectivas muy claras. La mía, es la
de que una sociedad como la nuestra es la que (debido a su atraso en casi todo)
más necesita un sistema educativo equitativo (que desemboca en igualdad; no un
sistema igualitario que desemboca en desigualdad), liberalizador pero no de
libre elección, que nos permita a todos optar a lo mismo, evitando la
podredumbre a la que nos lleva el apoyar la privatización (educación privada y
la iglesia); porque si seguimos así, y vamos a seguir, acabamos reproduciendo
el sistema social, una y otra vez, creo que ya hemos perdido muchos años en
tonterías…y aun así, vamos a perder más si todo sigue como parece.
5. Bibliografía
Pérez Siuraneta, D. (2003). “El abogado en casa”. Consell de Cent
(Barcelona): De Vecchi, S.A.
Bufete Rosales José Plaza. (2014).
La jerarquía de las normas jurídicas en España. 16 Julio 2014 11:55, de Bufete
Rosales José Plaza Sitio web: http://www.bufeterosales.es/blog/noticia/la-jerarquia-de-las-normas-juridicas-en-espana
Pau i Vall, F. (2009). Estructura
de las leyes en España. Revista Debate, (3)16, 12-20.
Bonal, X. (1998). La política
educativa: dimensiones de un proceso de transformación (1976-1996). En Políticas públicas en España.
Contenidos, redes de actores y niveles de gobierno (153-175). Barcelona: Ariel
S.A.
